Juicio por protestar por la detención de inmigrantes cuando van a regularizar sus papeles

Actualización 14 de Febrero 2014

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Escrache a Air Europa por sus vuelos de deportación. Aeropuerto del Prat Barcelona.

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La Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros denuncia que mañana, jueves 13 de febrero, saldrá un vuelo de Barajas con destino Dakar, fletado por la compañía Air Europa, que  «se llevará a decenas de inmigrantes de nacionalidad senegalesa que han sufrido las redadas racistas en estas últimas semanas en ciudades de todo Estado español.(…) Otro vuelo se llevará a inmigrantes marroquíes desde Barcelona o Madrid (…) En la misma frontera en la que se ha producido la represión salvaje hace unos días, los policías españoles entregarán a los deportados a la policía marroquí».

Por denunciar estas prácticas, el viernes 7 de febrero, a las diez y media de la mañana varias decenas de mujeres y hombres blancos y negros hacen cola ante el control de seguridad de los juzgados de instrucción de Oviedo. Son activistas de la Ruta contra’l racismu y la represión, integrada por ONG como S.O.S. Racismu o el autogestinado Local Cambalache así como ciudadanos solidarizados con las nueve personas acusadas de desorden público por denunciar en la oventense Oficina de Extranjería las detenciones de inmigrantes cuando van a regularizar allí sus papeles.

La jueza Begoña Fernández, la misma que resuelve muchas de las órdenes de expulsión contra inmigrantes expedidas en Asturias, se encontrará pocos minutos después su sala 3 llena hasta el punto de que muchos de los asistentes permanecen de pie al fondo de la estancia. En primera fila, nueve hombres y mujeres de edades muy variadas esperan su turno para acercarse al micrófono mientras los policías no se han personado en el juicio. “¿Le dijo a los funcionarios “A tomar por el culo” o “racistas”? pregunta a cada uno de ellos la jueza, salvo una vez que confunde esta última acusación

recogida en el informe policial y le pregunta si les tildaron de “fascistas”. Los acusados intentan explicar que estaban allí para denunciar “secuestros racistas”, que incluso reivindican su acción contra la Ley de Extranjería, pero que en ningún momento profirieron agravio alguno “puesto que sería absolutamente delirante dado que son los mismos funcionarios con los que tratamos cotidianamente cuando acompañamos a los inmigrantes a arreglar sus papeles”, puntualiza uno de ellos.

La abogada de la defensa, Ana Taboada, hace uso de su turno de preguntas para intentar dar la oportunidad a los acusados de explicarse. La jueza le recrimina que intente profundizar en los hechos advirtiéndole irónicamente  «no sé si la señora letrada se ha dado cuenta de que los agentes de la Policía no han venido, entonces no entiendo nada la ofensiva», aludiendo a que ante esta ausencia lo previsible es que el fiscal vaya a retirar la acusación.  En declaraciones previas a este medio, la abogada Taboada explicaba que con este juicio «la Delegación del gobierno está criminalizando cualquier protesta pacífica que haga la ciudadanía (…) Denuncian que se estaban violando los derechos de la Administración cuando son ellos los que están violando los derechos de las personas» al detenerles cuando van a regularizar su situación. 

Fuera de la sala espera a ser llamado como testigo el periodista de TVE y la revista Atlántica XXII Xuán Cándano, que presenció los hechos cuando los cubría para uno de los medios. En declaraciones a Periodismo Humano explica que “fue una movilización pacífica. Entraron en la oficina de extranjería y permanecieron allí unos 15 o 20 minutos. Salieron tres funcionarios que sí dijeron frases despectivas a los activistas, en un tono de reproche y mirándoles desafiantemente”. Cándano no fue llamado a declarar finalmente dada la petición de absolución por parte del fiscal, una decisión que al ser confirmada por la jueza fue recibida con una ovación por parte de los asistentes.

Entre las acusadas está Josefina Barandiarán, uno de los rostros más conocidos de Médicos del Mundo Asturias, y con una larga trayectoria de acompañamiento a los inmigrantes que requieren de apoyo para regularizar sus papeles. En julio, cuando acompañaba en la oficina de extranjería de Oviedo a un joven cuya solicitud para el permiso de residencia había sido admitida a trámite, se quedó paralizada cuando un policía le comunicó que el muchacho había sido detenido por una antigua orden de expulsión que pesaba sobre él. “Tuve la sensación de que había acompañado al chaval a que fuera detenido. Y a los tres días estaba deportado en Senegal”. Ese mismo día, otro joven acompañado por un voluntario de Asturias Acoge fue detenido en las mismas circunstancias.

Eduardo Romero, otro de los acusados absueltos, autor de varios libros sobre las políticas migratorias de España y de la Unión Europea e integrante del movimiento CIE´s NO, explica que “a veces a estos inmigrantes les llega una carta de la Brigada de Extranjería diciéndoles que tienen que ir a recoger un papel y cuando acuden les detienen allí directamente. En los últimos días en Oviedo ha habido redadas cerca de la sede de Asturias Acoge, de la Cruz Roja o del Padrón Municipal, sitios donde tienen que acudir. O también rompiendo la inviolabilidad del domicilio: con los datos del padrón van a la casa y se los llevan aprovechando que desconocen que no tienen obligación de abrir la puerta sin una orden judicial”.

Por eso protestaron y por eso se enfrentaron a este juicio que Romero interpreta que buscaba “provocar miedo a la gente que se moviliza contra la Ley de extranjería. En términos políticos era un juicio muy significativo porque nos juzgaba la misma sala y la misma jueza, Begoña Fernández, que junto a Francisco Javier Rodríguez Luengos, son los que más deportaciones e internamientos firman aquí en Asturias. Por tanto se ha dado la paradoja de que nos haya juzgado la misma jueza que estaba siendo esencial en este engranaje de la represión. Hoy ha habido una respuesta colectiva muy potente y los imputados no nos hemos amilanado (…) Lo único que hemos tenido que negar han sido las mentiras de la policía de que habíamos insultado a funcionarios. Celebramos que se haya realizado el juicio, que hayamos podido tener ese momento de confrontación con la jueza porque así lo ha querido ella, y que hayamos podido denunciar las redadas racistas así como las prácticas policiales y judiciales en este sentido. Y como no confiamos en la buena voluntad de la Delegación del Gobierno entendemos que los policías no han venido porque si lo hubiera hecho habría aumentado la solidaridad con la campaña. El efecto ha sido que en lugar de meternos miedo, nos ha empoderado”.

En esta entrevista hablamos con Eduardo Romero sobre las distintas formas de detención y deportación de inmigrantes, sobre la campaña de boicot lanzada contra empresas como Air Europa por su implicación en los vuelos de expulsión y sobre las redadas por nacionalidad denunciada por la plataforma CIE´s NO, entre otros asuntos.

Periodismo Humano. Desde las plataformas CIE´s No y la asturiana Ruta contra el racismo y la represión estáis denunciando que se están realizando detenciones por nacionalidades para llenar aviones para deportaciones. 

Eduardo Romero. Es algo que ya se estaba produciendo desde hace años, de ahí que el Ministerio de Interior saque las cifras anualmente de 10.000, 11.000 o 12.000 expulsiones. Hasta ahora las organizaciones que entran en Centros de Internamiento de Inmigrantes sabían cuándo llegaban personas de determinada nacionalidad o que de un día para otro desaparecían porque se las llevaban en avión y los que estamos en otras ciudades sabíamos de las redadas. Pero no habíamos puesto en juego nuestra capacidad cooperativa para compartir información y denunciar sobre la marcha que va a haber un vuelo, mantener el contacto con algunas de las personas y hablar con ellas cuando ya han sido deportadas a su país de origen.

A través de estas entrevistas reconstruimos cómo ha sido el dispositivo: qué tipo de despliegue policial ha habido, qué itinerario han seguido, posibles prácticas vinculadas al protocolo para las deportaciones que fue aprobado en 2007 a partir de la muerte de un chico que fue amordazado y que tuvieron que bajar del avión en Algeciras muerto…  Se trata de un protocolo ominoso, pero que, en ocasiones, incluso se está sobrepasando: en vez de ponerles bridas de plástico se utilizan esposas metálicas, o ante situaciones de resistencia pasiva como en el vuelo del 19 de noviembre a Senegal, se les dio una paliza y se les metió en en avión. Personas que han sido llevados directamente desde los calabozos denuncian desnudos integrales, que les han obligado a hacer sentadillas…   

P. ¿Cuándo y por qué decidís las distintas organizaciones integrantes de CIE´s NO organizaos para hacer seguimiento de estos casos?

E. R. Cuando en septiembre empezamos a hacer seguimiento de las redadas contra senegaleses en Asturias y comprobamos que estaban siendo expulsados, vimos la relación con un vuelo de deportación. Nos comunicamos con la gente que trabaja en el CIE de Aluche y al compartir información, descubrimos que lo podíamos hacer de manera sistemática. Como en Asturies no estamos tan desbordados por las visitas a los CIE como los compañeros de Valencia, Barcelona o Madrid, decidimos asumir el trabajo de sacar una serie de artículos sobre los vuelos que se fueron produciendo en los siguientes meses a Senegal, Nigeria, Marruecos, Ecuador…

Tras ver la eficacia de esta cooperación, en el Encuentro Estatal contra los CIE que se celebró en Madrid en diciembre creamos un grupo de trabajo para desarrollar una campaña contra estos vuelos de deportación con varios frentes. Uno es hacer daño a las empresas implicadas del Grupo Globalia: Air Europa,Travel Plan, Viajes Ecuador, Halcón Viajes… En marzo este holding firmó un contrato de casi 12 millones de euros con el gobierno de España para llevar a cabo las deportaciones y un mes después el exministro Abel Matutes compró el 5% de las acciones del grupo. En julio firmó otro contrato de 30 millones de euros con el Ejército español para el traslado de material.

Por otra parte, tenemos que seguir denunciando al Ministerio del Interior y sus políticas de extranjería, pero también como otro eslabón fundamental a los países de origen que a través de sus embajadas están siendo cómplices de las deportaciones. Sabemos que días antes del vuelo a Nigeria del 3 de diciembre, policías españoles llevaron a nigerianos esposados con bridas a la embajada nigeriana en Madrid donde probablemente se les diera un salvoconducto para el vuelo. Algo terrorífico. De hecho, queremos traducir y publicar en los países de origen las denuncias de estos vuelos, donde nos consta que han habido manifestaciones contra las deportaciones.

Y por supuesto, visibilizar las experiencias de los inmigrantes que se resisten a ser deportados en los vuelos, algo que es más fácil en aquellas expulsiones que se hacen a través de vuelos comerciales. Hace dos años, en el aeropuerto de Asturias repartimos panfletos entre el pasaje de un vuelo a través del que iba a ser expulsado Omar Cissé. Convencimos a varios pasajeros para que se opusieran a su deportación, pero la policía lo ocultó al final del avión, por lo que los viajeros pensaron que no lo habían subido. De todas formas, Omar tradujo el apoyo que había
tenido en fuerza para resistirse en Barajas y evitar la deportación: le
tuvieron que soltar y está de vuelta en Oviedo.

Para deportar a 11.000 personas hay que hacer muchos vuelos y hay un goteo que se hace por vuelos turísticos.

P. En el caso de los ciudadanos marroquíes habéis detectado una nueva ruta para deportarlos. 

E. R. No sabemos si es nueva, pero nosotros la hemos descubierto ahora. Entre diciembre y enero nos constan tres vuelos desde El Prat y otro desde Barajas con destino Jerez de la Frontera. Desde allí los trasladan en autobús a un ferry en Algeciras, en el que viajan hasta Ceuta primero y después hasta la frontera donde les esperan policías marroquíes. Muchas veces les deportan sin haberles avisado previamente, sacándoles de madrugada, sin ni siquiera poder llevarse una maleta con sus pertenencias. Y no todo el mundo vive cerca de los aeropuertos por lo que muchas veces tienen que hacer largos trayectos hasta llegar a su casa. Algunos llevan hasta 13 años aquí, tienen familia en España. En el caso de Senegal, sabemos que los policías españoles no salen del avión, les dan un billete de 50 euros, y en la escalerilla, policías senegaleses les identifican y les da otro sobre con el equivalente a 15 euros. Muchas veces, ese dinero ni siquiera les da para llegar a su casa.

Esto nos permite demostrar que persisten las redadas racistas, es más, las redadas por nacionalidades: hoy toca cazar al senegalés, al nigeriano, al ecuatoriano… para llenar los vuelos programados.

Si en la época de Rubalcaba como ministro de Interior hubo circulares policiales que pedían por comisaría un número de inmigrantes detenidos, a su llegada al gobierno, el PP comunicó que no continuarían las redadas racistas y publicó una circular policial diciendo que no se podían hacer. Sin embargo, las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos de Madrid han sacado informes que muestran que continúan aunque quizás hayan cambiado de forma para ser menos llamativas, con policías secreta por ejemplo.

P. Las personas con las que habéis mantenido el contacto, ¿se plantean volver a España?

E. R. La mayor parte quiere volver pero su situación es bastante desesperada porque tienen una prohibición de entrar en la Unión Europea por tres, cinco o hasta diez años. Hemos tenido el caso de un hombre colombiano que tenía mujer e hijos aquí y que han terminado yéndose también porque él no podía volver.

También hay algunas personas que han sido deportadas mientras que sus permisos de residencia ya estaban en trámite, por lo que pueden ser concedidos. En esos casos, seguiremos los procedimientos legales para que puedan volver. Ése es el caso de un chico marroquí integrante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Girona, que había participado en la ocupación del Bloc Salt… De hecho pensamos que puede ser por su actividad política. Le sacaron entre cuatro mossos, uno le escupió en la cara en el coche en el que le trasladaban. Y él está pendiente de sus papeles.

P. El 30 de enero un grupo de parlamentarios visitó el CIE de Zona Franca, en Catalunya. Desde algunos sectores se interpretó como una apertura del ostracismo que rige estos centros a los que sólo pueden acceder unas pocas organizaciones. ¿Qué lectura hace de esta visita?

E. R. Habría que retrotraerse a diciembre, cuando muere allí el inmigrante armenio Aramis Manukyan, conocido entre sus amigos como Alik. La policía dice que se había suicidado, pero hasta treinta internos se ponen en huelga de hambre al día siguiente para denunciar que esta versión es falsa. Varios testigos son deportados a Marruecos para que no puedan testificar, la tensión aumenta, y a finales de mes varios internos vuelven a ponerse en huelga de hambre por las malas condiciones de habitabilidad del CIE y reciben por ello, según denuncian, maltrato policial.

Las organizaciones sociales denuncian todo esto en enero. Por eso esta visita de parlamentarios, guiada, prevista, para la que se habían vaciado muchos módulos de internos, está en la voluntad del Ministerio del Interior de templar ánimos y lavarse la cara. De hecho, antes había habido una visita sorpresa del Síndic de Greuges (defensor del pueblo) que se manifestó muy duramente contra las condiciones del CIE. Paradójicamente, de esta otra visita de representantes políticos salió el anuncio del director general de la Policía Nacional de que se iba a abrir un nuevo CIE en Barajas.

P. Tras años de rumores, ¿tiene noticias la plataforma CIE´s NO sobre la aprobación de un reglamento para el funcionamiento de los CIE?

E. R. Dicen que efectivamente va a ser aprobado ahora. En la campaña contra los CIE hay heterogeneidad sobre este asunto, hay quien pone más acento en su necesidad, y otros como nosotros que desde Cambalache y  la Ruta contra el racismo y la represión mantenemos que lo que hay que hacer es cerrarlos, no reformarlos. Pensamos que el reglamento ha sido un instrumento del gobierno para despistar y dividir a las organizaciones sociales que luchan contra los CIE. En diciembre de 2011 murió Samba Martine en el CIE de Aluche, en enero de 2012 Idrissa Diallo en el de Zona Franca, había muchos informes sobre vulneraciones de derechos humanos en los CIE… Y el PP intenta distanciarse de la gestión de Rubalcaba planteando la elaboración de un reglamento más humanitario. Dos años después creo que incluso las organizaciones que asumieron el proceso negociador porque entran en los CIE y ven todas las tropelías que se cometen, también se han dado cuenta de que esto era una jugarreta del gobierno para ganar tiempo. Y con el borrador que ha salido se ha visto que no hay reforma, que en muchos aspectos es peor que lo que teníamos y que en términos globales es más de lo mismo. Si acaso, cambia el nombre por Centros de Estancia Controlada de Extranjeros (CECE) porque igual lo de Centro de Internamiento suena demasiado a campo de concentración.

 

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