Justo doce horas después de que entraran en vigor las leyes mordaza, ha tenido lugar la primera protesta en Asturias. A las puertas de los juzgados de Oviedo, integrantes de la Ruta contra´l racismu y la represión se concentraban para evitar la deportación de dos jóvenes senegaleses. Ayer policías vestidos de paisano esperaron en las inmediaciones de sus viviendas a Abdou y Baba. Los policías alegan que se resistieron y que hirieron a dos de ellos, por lo que a su situación de indocumentación se ha unido el cargo de resistencia a la autoridad, lo cual ha sido negado por los acusados.
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Según recoge el oficio policial, fueron a buscarlos explícitamente porque sobre ellos pesaban órdenes de expulsión y «la expulsión del detenido estaba prevista fuera materializada durante la tarde del día de mañana». Efectivamente, mañana hay previsto un vuelo de deportación a Senegal-Camerún, vuelos que realiza Air Europa (Grupo Globalia, al que también pertenece Halcón Viajes), adjudicados por el gobierno de España a esta empresa para tal fin. «Esto demuestra que las denuncias realizadas por el colectivo Ruta contra’l Racismu son ciertas. Se están desarrollando actuaciones policiales para llenar los vuelos de deportación y no adecuándose a los procedimientos legales», nos explica el abogado de los acusados, Alfonso Lago Rayón.
De hecho, a uno de los detenidos ni siquiera se le había notificado la orden de expulsión, que le fue entregada según recoge el expediente policial horas después, cuando ya estaba en los calabozos. «La notificación de la orden de expulsión es la última fase del procedimiento, por lo que tenemos duda de que haberlo detenido antes de haberle notificado la expulsión sea legal. Además ya habían pasado más de tres meses desde el 24 de marzo cuando la orden de expulsión fue firme, por lo que no sabemos si sigue siendo válida», añade el abogado que estudia interponer un recurso para evitar que mañana sea deportado Abdou. «Del expediente policial lo que se concluye es que han mirado las órdenes de expulsión pendientes para buscar a quiénes detener para el vuelo de deportación mañana», nos dice uno de los activistas de la Ruta contra’l Racismu. «Esto demuestra lo que llevamos años denunciando: no sólo que se realizan redadas racistas, sino además su implementación como cacerías para llenar vuelos de deportación», añade.
Mientras los detenidos prestaban declaración, los activistas pedían a través de megafonía «a los jueces y juezas que no sean cómplices de los vuelos de deportación que son vulneraciones de derechos humanos, en los que se realizan sedaciones forzosas y agresiones». Adama Diouf, senegalés presidente de Asturias Acoge (ONG integrante de la Ruta), nos explicaba que «esto no se trata sólo de los vuelos, sino de un acoso. Los chicos ya habían sido detenidos hace unos meses y los habitantes del barrio de Pumarín –donde residen estos inmigrantes– ya saben cuando hay un vuelo porque los días previos ven a los policías de paisano. Pero tienen que seguir saliendo de sus casas, ir a trabajar, hacer su vida».
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Poco después de comenzar la protesta a las doce del medio, un policía nacional identificó a una de las integrantes de la Ruta contra’l Racismu. El acto apenas consiguió reunir a unas quince personas ya que fue convocado por whatsapp y emails 45 minutos antes, justo cuando tuvieron conocimiento de los hechos. Una funcionaria que observaba la concentración advirtió con preocupación a los asistentes de las posibles multas que les podía acarrear la recién aprobada Ley Mordaza. Ninguno de los asistentes parecía dispuesto a sacrificar su derecho a la libertad de expresión por miedo a ésta. Algunos de ellos, ya han tenido que enfrentarse a juicios por participar en acciones contra las deportaciones y la Ley de Extranjería. Juicios en los que además reivindicaron su derecho a manifestarse contra leyes ilegales e injustas.
Mientras veíamos por una rendija de una ventana cómo los policías escoltaban a uno de los detenidos mientras era informado por una funcionaria de que iba a ser deportado, nos cuenta el abogado que Baba, que lleva nueve años viviendo en España, preguntó si podría ir más tarde a recoger su bolso que se había quedado en comisaría. Pensaba que lo iban a poner en libertad. Fue entonces cuando le confirmaron que la jueza Simonet Quelle Coto acababa de autorizar las expulsiones a Senegal, a las que la Fiscalía se había mostrado favorable. «Baba se quedó paralizado», nos dice consternado su abogado.
Salvo imprevistos, mañana por la tarde Abdou y Baba serán subidos a un avión y dejarán atrás unos proyectos de vida que tanto sufrimiento y esfuerzo les costó construir. Como a las 941o personas que fueron deportadas entre 2010 y 2014 en 253 vuelos. Sólo en el pasado año fueron 2572 personas en 134 vuelos.
España se gastará 12 millones de euros en vuelos de deportación entre 2015 y 2016, realizados por Air Europa y Swift Air.