Periodismo Humano. En su blog analiza el Eurobarómetro recién publicado sobre la situación del trabajo en la Unión Europea. En él se pregunta a miles de ciudadanos sobre su percepción de la evolución del empleo en los últimos cinco años. La investigación desvela que en España los trabajadores están más insatisfechos en un 12% que la media de la UE y los satisfechos son un 11% menos. Usted vincula estos resultados con los efectos de las últimas reformas laborales. ¿A qué modelo de sociedad nos abocan estas reformas?
Eduardo Rojo. En España se ha entrevistado a unas 1100 personas por lo que entiendo que el grado de fiabilidad es bastante elevado. Tengo la sensación de que desde el inicio de la llamada crisis económica, la reducción de derechos en el ámbito laboral ha sido cada vez más acusada. A veces, al amparo de la crisis, otras de la recomposición de fuerzas entre el mundo del trabajo y el mundo empresarial. Buena parte de las quejas o críticas que se efectúan por parte de los encuestados españoles responden tanto a la disminución de la protección por las reformas laborales que se han llevado a cabo desde el año 2011, como a un malestar difuso sobre cómo están evolucionando las relaciones de trabajo y al aumento del poder de dirección del empleador que, bien utilizado no tengo nada que decir, pero que mal utilizado genera bastante problemas.
Pero siempre digo que las preguntas generales son las que agrupan mayor grado de personas descontentas porque después, cuando vamos a las preguntas que afectan más directamente al encuestado, el volumen de respuestas positivas es superior. En cualquier caso, eso no quita que en casi todas las preguntas estemos en el furgón de cola de la Unión Europea. Nos «gana» Grecia.
P. Y de mantenerse esta normativa, este aumento de la protección y esta pérdida de capacidad de negociación de los sindicatos y de otras organizaciones representativas de los trabajadores, ¿cómo cree que puede afectar a nuestra sociedad en un plazo de diez años?
E. R. Yo espero que la primera parte de la reflexión que acaba de hacer no vaya más adelante y que se convierta en una constatación más fehaciente de la que ya hay en estos momentos: una evidente dificultad para agregar voluntades y esfuerzos en el ámbito laboral. Las organizaciones sindicales son una parte muy importante de los grupos que representan a las personas trabajadoras pero, en gran medida, a las que están en el grupo estable del mundo laboral. Y ahí es difícil que buena parte de la juventud y de las personas en situación más precaria en el mercado de trabajo pueda encontrarse representadas. En los tres últimos años encontramos movimientos sociales que también tienen un importante papel de representación.
Pero si no hay organizaciones sociales mínimamente estructuradas que aúnen voluntades, el riesgo es el de estar abocados a una sociedad muy desarticulada en sus relaciones sociales y laborales y que se siga incrementando la individualización de las relaciones en el ámbito del trabajo. Esa individualización es buena para personas con un nivel de cualificación que les permita negociar con buenas perspectivas en el ámbito empresarial, pero hay una parte importante de la población que no se encuentra en esa situación y para las que sus condiciones laborales quedarían abocadas a una negociación que en la práctica es una imposición de las condiciones.
P. Efectivamente los sindicatos representan principalmente a los colectivos en condiciones laborales más estables, como el funcionariado, determinados sectores industriales… ¿Cómo cree que se deberían adaptar los sindicatos para recuperar protagonismo y credibilidad social, así como para que los sectores más precarizados como los jóvenes o los inmigrantes se sientan defendidos?
E. R. Yo haría un matiz a su apreciación. No han dejado nunca de estar presentes ni de representar aunque sea mínimamente a esos colectivos a los que se refiere. Pero los sindicatos no dejan de ser el reflejo de la sociedad en la que viven y el sindicalismo clásico se sentía bastante cómodo en etapas donde el mundo laboral era más homogéneo, más compacto, en donde las diferencias eran menos acusadas en términos de cualificación profesional, de tipo de actividad… En la actualidad se encuentra con una población no sólo masculina ni de mediana edad, sino también femenina, la juvenil que llega tarde al mercado, población inmigrante que durante mucho tiempo ha supuesto en España porcentajes superiores al 10% de la población activa y al 15% de población ocupada. Por no hablar de sectores donde es mayoría como en el servicio doméstico. Hay contratación temporal, algo que a las personas de mi generanción no nos parece una buena vía, pero que para muchas personas es una forma normal y rutinaria de estar.
Por tanto, son muchas las dificultades, pero conociendo el ámbito sindical europeo sí que hay propuestas dirigidas al conjunto de la población trabajadora. Además, tengo la sensación, y en eso coincido con el Comisario de Empleo de la Unión Europea, László Andor, que para resolver los problemas sociales y laborales tiene que haber una mayor presencia colectiva y sindical, lo que tiene que ir de la mano de medidas económicas estatales y europeas sin las cuales difícilmente se pueden mejorar las condiciones de trabajo y, consecuentemente, la tranquilidad de las personas.
Siempre digo, medio en serio medio en broma, que cuando hay problemas aumenta la acción colectiva. Desgraciadamente en los últimos años son muy frecuentes los ahora llamados procedimientos de despidos colectivos, y es entonces cuando muchas personas que vivían un poco al margen del mundo colectivo, se únen. Quizás porque les afecta directamente o también porque haya un punto de egoísmo para resolver ese problema.
P. Hay académicos, intelectuales y periodistas griegos que denuncian que las políticas que se están llevando a cabo en ese país son un laboratorio para configurar una Europa del Sur empobrecida, proveedora de mano de obra barata. ¿Hacia dónde deberíamos mirar para saber hacia dónde se dirigen las políticas que se están desarrollando en España?
E. R. Yo soy lector, más por obligación que por devoción, de los diarios oficiales, y uno de ellos es el de la UE donde se publican todos los planes de ajuste, memorandos de acuerdos entre la UE y algunos países, como España. Y no me atrevo a hacer esta afirmación de que la Europa el Sur sea un laboratorio de experimentar cambios económicos y sociales que beneficien fundamentalmente a una minoría de los países del centro y norte de Europa. Pero sí afirmo que las condiciones que ha impuesto la UE y la Troika en el ámbito laboral en Grecia, Portugal, Irlanda y Chipre van en el sentido de degradar las condiciones laborales y reducen los derechos de una gran parte de la población hasta un grado que difícilmente hubiésemos podido prever en los años 70 y 80 cuando hablábamos de Estado del Bienestar. Que el objetivo haya sido uno u otro es efectivamente es algo sobre lo que podemos debatir.
P. La edad media de los trabajadores en España es de 43 años los nacionales, la extranjera de 34. Mientras, la portavoz del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, ha propuesto pagar menos del salario mínimo interprofesional a los que ella denominó como ‘ninis’, menores poco cualificados. ¿Después de los inmigrantes y las mujeres, somos los jóvenes el siguiente colectivo a precarizar?
E. R. El Círculo de Empresarios es el lobby empresarial con posiciones posiblemente más duras respecto a la reducción de los derechos económicos y sociales de gran parte de la población. En buena parte de sus propuestas hay un acercamiento al Tea Party de Estados Unidos -lógicamente con las diferencias de cada país-. A mí me parece positivo que las cosas se digan con una claridad que a veces no encontramos en otros documentos o declaraciones. Yo creo que a la señora Mónica de Oriol, con la tranquilidad de estar hablando en un desayuno informativo con personas que estaban dispuestos a escucharla, le salió de forma natural aquello que pensaba: que hay una parte de la sociedad que tiene poco que aportar. Probablemente lo más llamativo sea la forma en que lo dijo. Al fin y al cabo comparó a los jóvenes con una mercancía: tanto vales tanto te pago. Después lo ha matizado y viendo el conflicto social que generó publicó un comunicado lamentando más la forma, creo yo, que el fondo de su intervención.
Hay una parte minoritaria pero muy influyente en la sociedad que se mueve en estos círculos de poder que cree que todas las normas y derechos laborales, políticas de protección y los recursos dedicados a la formación y la búsqueda activa de empleo son un coste económico y un estorbo que no aporta nada al desarrollo de la sociedad. Y que «si no das más de sí, tampoco te mereces más de lo que te voy a pagar». Detrás de este planteamiento, late un desprecio hacia una parte de la sociedad que ha tenido menos posibilidades para formarse o tener éxito laboral que aquellos que sí lo han tenido probablemente ayudados por su estrato familiar y condiciones de vida.
P. Y desde el punto de vista del cristianismo, ¿cómo valora estos planteamientos?
E. R. Pues yo supongo que la señora Mónica de Oriol debe ir a misa cada domingo, aunque yo no me puedo meter en su intimidad. Tiene seis hijos, es una persona muy de orden según declara ella misma, y esas personas tienen en principio unas convicciones religiosas determinadas. Bromas aparte, para aquellos que también tenemos nuestras convicciones religiosas pero que nos orientamos en una línea simplemente más cercana a lo que yo creo que debería ser el punto neurálgico del pensamiento cristiano que es la doctrina social de la Iglesia, pues lógicamente esas declaraciones o las actuaciones dirigidas a reducir la protección y los derechos de las personas encajan muy mal con esa doctrina. Por eso, siempre es un motivo de satisfacción encontrar que un nuevo Papa diga algo que es nada más y nada menos que la aplicación de la doctrina social de la Iglesia respecto a la protección de las personas más desfavorecidas y al reconocimiento de los derechos que garanticen políticas de empeo y de protección adecuadas para la mayoría de los ciudadanos de este planeta.
Como cristiano creo que reivindicar el derecho al trabajo, a la estabilidad del empleo, a la sanidad, a la salud, a la protección en caso de pérdida de trabajo, a afiliarse a una organización, a ejercer medidas de conflicto cuando hay una situación que así lo requiera, no es nada revolucionario por utilizar una palabra que parece que está un poco pasada de moda. Es simplemente la aplicación de la doctrina social cristiana.
P. Desde hace años tener trabajo no significa salir de la pobreza en España. Según cifras de Cáritas, 940.000 personas trabajadoras viven bajo el umbral de la pobreza. ¿Cumple su objetivo una normativa laboral que permite que un empleo sea remunerado por debajo de lo necesario para sufragar una vida en condiciones de dignidad?
E. R. El último avance del informe FOESSA sobre precariedad y cohesión social en España pone sobre el tapete algo que parecía propio de países como Estados Unidos pero no de sociedades basadas en el modelo del Bienestar. Es una situación preocupante porque si el trabajo no permite obtener unos ingresos suficientes para subsistir, se obliga bien a empeorar las condiciones de vida o a buscar otras fuentes alternativas de ingresos que en muchas ocasiones pueden desarrollarse en situaciones irregulares. Se produce así un empobrecimiento de la persona y de la sociedad, así como pérdida de la cohesión social.
Me parece muy negativo que hablemos tranquilamente de trabajadores pobres en la Europa del Estado del Bienestar. La necesidad de un salario mínimo a escala europea ya no es tan revolucionario como hace un tiempo. De hecho, me ha sorprendido lo defienda el candidato del grupo Popular a la presidencia de la UE, aunque ya lo había hecho con anterioridad. Algo que se venía defendiendo por fuerzas políticas de izquierda con una cierta regularidad. Yo creo que este salario mínimo podría servir para elaborar una política que diera un cambio radical a las de la Troika para el sur de Europa.
P. ¿Pero no debería ser uno de los objetivos prioritarios de la normativa laboral asegurar que los salarios cubran al menos los recursos necesarios para una vida digna?
E. R. La respuesta de un examen sería muy facil: sí. A partir de ahí, el «sí pero» va a depender de las opciones políticas y de hacer que parte de la ciudadanía entienda, la mayor parte ya lo hace, que unos salarios dignos son instrumentos que fortalecen la cohesión social y que acaban redundando en beneficio de toda la sociedad. El ejemplo de los países nórdicos, con todas las matizaciones que se quieran, demuestran que sí es posible con un sector público con presencia importante en el ámbito productivo, con unas normas laborales y económicas bastante protectoras y con tasas de afiliación muy importantes a organizaciones sociales. La voluntad política es necesaria, disponer de recursos para ello lo es más, pero yo creo que esos recursos existen. Pero para ello tenemos que despojarnos en Europa de la llamada política de austeridad que a corto plazo, pero sobre todo a largo, es sólo beneficiosa para una parte de la población.
Estamos ante una crisis que no afecta a todos por igual y habrá que ver si las elecciones de la Unión Europea ponen de manifiesto esta preocupación, o por el contrario una desafección o un incremento muy preocupante de fuerzas políticas antieuropeas entendiendo el europeísmo como el modelo económico y social del que nos dotaron en 1957 los llamados padres fundadores de la UE. Por cierto, muchos de ellos cristianos y con un contenido social en sus planteamientos y que ahora se echa de menos.
P. Planteamientos que ya aparecen recogidos en la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950.
E. R. En efecto. Tiene puntos de referencia de la Declaración Universal de derechos humanos de 1948. Lo único que el Tratado de la CEE estaba diseñado para garantizar las libertades de circulación de bienes, de mercancías, de trabajadores, para evitar situaciones que nos habían llevado a conflictos bélicos realmente dramáticos. En el Tratado fundacional de la CEE y en el del a UE se reconocen todos esos objetivos de política social, económica, de empleo con el objetivo de avanzar en la vía del progreso. Pero ya sabe usted que del dicho al hecho hay un gran trecho, por lo que a veces me cuesta explicar el derecho social de la Unión europea porque yo me creo todo lo que digo pero…
P. Sus alumnos no lo ven, ¿no?
E. R. Les cuesta en algunas ocasiones. Lo que ven fundamentalmente es la libre circulación de personas que es algo que nos puede resultar a las personas de mi generación un logro realmente importante.
P. Son las mujeres las que siguen desempeñando fundamentalmente las funciones de cuidados, imprescindibles para el Estado del Bienestar. Tareas que antes de la crisis fueron asumidas por muchas mujeres inmigrantes en condiciones precarias.
E. R. Lo que no se ve reflejado en las estadísticas, la cara oculta del PIB.
P. Exacto. Y la Ley de la dependencia venía en una parte a dignificar las condiciones laborales de una parte de estas mujeres.
E. R. Una ley muy importante, muy positiva y que en gran medida se ha degradado por la falta de recursos. La crisis no es excusa porque es la falta de recursos económicos lo que ha llevado a un grado de desprotección preocupante a personas que tienen gran necesidad de la misma.
P. En este sentido, ¿cuáles son las grandes cuentas pendientes de la normativa laboral en el caso de con las mujeres que trabajan en las tareas de cuidados?
E. R. Si entendemos tareas de cuidados en el ámbito de relación laboral, yo diría que fundamentalmente garantizar al máximo el cumplimiento de la normativa que es de aplicación al conjunto de los trabajadores.
Si entendemos por trabajo todo el doméstico, habría que decir que se ha avanzado, menos de lo que se querría, pero bastante desde el reconocimiento en 2011 de unas mejoras contractuales y de seguridad social de las personas que trabajan regularmente en el ámbito doméstico, la cobertura de la Seguridad Social y derechos laborales. Pero seguimos encontrándonos con problemas importantes porque parte de esa actividad sigue estando en un limbo jurídico entre regularidad e irregularidad. Y si están en una situación laboral irregular afecta especialmente a las personas trabajadoras inmigrantes porque se les dificulta enormemente la renovación de sus permisos de residencia y trabajo. Es un problema muy importante con el que nos estamos encontrando.
Desde el plano conceptual la mejora ha sido importante, pero desgraciadamente mucho menos en la realidad dado que las normas no cambian los hábitos y la consideración social de que esos cuidados y el trabajo doméstico no son un trabajo de la misma categoría a efectos jurídicos que el que realiza un operario en una empesa industrial. Probablemente porque ya hay una persona en la unidad familiar que realiza ese trabajo y que no tiene la consideración de económicamente activo a los efectos de las famosas estadísticas de las que tanto hablamos.
Queda bastante por hacer por lo que es necesaria la presencia de colectivos de trabajadoras especialmente inmigrantes, y no sólo sindicales. Y lo seguirá siendo así durante un largo periodo.
P. Las políticas de austeridad han arrinconado el paradigma de la inversión social, a través del cual la Unión Europea intentó dar respuesta en los años 90 a las transformaciones internacionales del mercado laboral. Según este paradigma, las políticas públicas debían dirigirse a la formación de las personas para ser competitivas en un mercado cualificado y basado en la tecnología, y los servicios públicos como la educación o la sanidad pasaron a ser entendidos no como un gasto sino como una inversión que promoverían el desarrollo y la cohesión social. La estrategia política para ningunear este planteamiento ha sido el de la falta de recursos económicos para sufragarlo. ¿En su opinión, deberíamos recuperar el paradigma de la inversión social o cree que debemos dirigirnos hacia otro modelo social? ¿En tal caso, a qué aspectos dedicaría más atención?
E. R. La inversión social en habilidades, conocimientos, aptitudes y destrezas de todas las personas, desde el ámbito educativo hasta su vida laboral, sigue siendo necesaria y así lo ponen de manifiesto diversos estudios internacionales. Pero para ello se necesitan recursos, y muchos gobiernos han reducido su ámbito de actuación y dejado sin asignación presupuestaria a importantes proyectos, con el coste social que ello implica a medio plazo. Nos jugamos la cohesión social si no se fortalecen las políticas educativas y formativas, por una parte, y las inversiones en ámbitos sociales de extraordinaria importancia para gran parte de la ciudadanía como la educación o la sanidad. Desgraciadamente, algunas medidas adoptadas por el gobierno español no me parece que vayan en esa línea y han merecido duras críticas desde organismos internacionales. Y puestos a reforzar otras «inversiones sociales» conviene recordar que la atención a los mayores adquirirá cada día más importancia por el proceso gradual de envejecimiento de la población (en Europa en general y en España en particular).
P. En 2013 ha seguido aumentando el déficit de empleo en el mundo. Se calcula que en el último año 62 millones de personas no tenían un empleo, de los cuales según estos datos, sólo 7 millones habían optado por no participar del mercado del trabajo y 23 millones se habían desalentando y habían dejado de buscar. Mientras, nos hablan de los mercados como de un ente autogestionado y con vida inteligente propia. ¿No habría que empezar a regular y gestionar internacionalmente el mercado de trabajo bajo otros parámetros?
E.R. No, no existe la «autogestión» de los mercados, ya que detrás de los grandes fondos de inversión, por citar uno de los ejemplos que siempre se suele poner como punto de referencia, hay personas con nombres y apellidos (aunque en ocasiones muy poco conocidos) que toman decisiones que pueden afectar a cientos de miles de personas. El mercado de trabajo requiere de una intervención muy activa de los poderes públicos para el fortalecimiento de aquellas políticas que tiendan a proteger a las personas que tienen más necesidades para permanecer, incorporarse o reincorporarse al mundo laboral. Los estudios de la OIT llaman justamente la atención sobre esta necesidad, y mucho más en países en donde el grado de informalidad en las relaciones de trabajo es muy elevado. Tanto a escala internacional como europea se intenta avanzar en eso que la pregunta denomina «gestión internacional» de los mercados laborales, pero ciertamente queda mucho por hacer.
P. Se acaba de publicar una directiva europea sobre las condiciones de entrada y estancia de extranjeros de terceros países en la UE para fines de empleo como trabajadores temporeros. La normativa migratoria se va ampliando, pero los controles fronterizos siguen siendo cuestión de los países miembros limítrofes, con la excepción del Frontex en el noroeste del continente africano. Esta dejación de los países de la UE de la gestión fronteriza está favoreciendo la normalización de la violación de los derechos humanos en territorios como las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, la italiana isla de Lampedusa, o las costas griegas. ¿Cómo debería desarrollarse la política común migratoria de la UE?
E. R. Pues siendo realmente común y avanzando mucho más en una auténtica política europea, que tome en consideración como encarar la realidad existente a pocos kilómetros de territorio español e italiano, y que necesita no sólo de medidas policiales y disuasorias, ni mucho menos, sino de una auténtica política de cooperación al desarrollo y de inversiones en los países africanos, en estrecha colaboración con los respectivos gobiernos y también con las organizaciones que conocen más a fondo la realidad de la población cuya objetivo es alcanzar la «fortaleza Europa» y a la que difícilmente la va a detener, como estamos viendo últimamente, las vallas y pinchos, por muy elevadas y dañinos que sean. Por ello el debate sobre las políticas migratorias de cara a las elecciones europeas adquiere especial importancia, y aquí me permito recomendar la lectura detenida de las propuestas formuladas por el Servicio Jesuitas a migrantes España, que llevan por título «Que no se ahogue la esperanza», y que piden, entre otras propuestas «Avanzar decididamente hacia un estatuto de la población inmigrada nacional de terceros Estados similar al de los ciudadanos de la UE, incluyendo también un derecho comparable en materia de libre circulación», y «Orientar la integración a la inclusión social hacia la inclusión social cuando esta no quede garantizada, evitando cualquier medida que induzca a la exclusión».