Una semana antes de la investidura presidencial de Barack Obama, el entonces presidente de Estados Unidos George Bush entregaba la Medalla Presidencial de la Libertad a su homólogo colombiano Álvaro Uribe por «su compromiso con la libertad, la democracia y las reglas de derecho» así como por haber hecho de»Colombia un modelo de país que busca la reconciliación y el establecimiento de una sociedad basada en el respeto de la dignidad humana». Junto a Álvaro Uribe, recibían también estas medallas los en aquel entonces presidentes de Gran Bretaña, Tony Blair, y de Australia, John Howard, quienes habían participado en la invasión de Irak, así como en la llamada «guerra contra el terrorismo». Sin embargo, la fecha no sólo es significativa por marcar la despedida internacional de George Bush como presidente sino porque la ceremonia tenía lugar seis días después de la desclasificación de documentos de la CIA que demostraban que Estados Unidos tenía constancia de los vínculos entre los paramilitares y el Ejército, así como de la práctica de los falsos positivos en Colombia desde 1990.
Este año, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Thomas McNamara, alerta sobre el aumento de violaciones de derechos humanos por parte del ejército y llega a cuestionar la versión de los militares que declararon haber matado a nueve guerrilleros en combate. «La investigación de Instrucción Criminal y la Procuraduría sugieren con fuerza (…) que los nueve fueron ejecutados por el Ejército y después vestidos en traje de fatiga. Un juez militar que llegó a la escena aparentemente se dio cuenta de que no había agujeros de bala en los uniformes que coincidiera con las heridas de los cuerpos de las víctimas…», se lee en el documento desclasificado.También avisaba de que los recientes crímenes cometidos por el Ejército ocurrieron «en el curso de operaciones conjuntas de grupos para-militares armados en las cuales participaron oficiales y reclutas».
Cuatro años más tarde, el entonces embajador Myles Frechette coincidía en esta versión de los hechos(PDF) y aludía al «body count», es decir, al número de bajas como una forma por la que los militares buscaban el ascenso. El funcionario Adjunto de Defensa de la Embajada apuntaba que «oficiales de campo que no pueden demostrar una trayectoria de agresiva actividad anti-guerrillera quedan en desventaja a la hora de los ascensos». Y los documentos desclasificados siguen constantando esta realidad ya en la década de los 90.
Sin embargo, ha sido a partir del 2000 cuando han aparecido más pruebas sobre los vínculos entre los paramilitares y el Ejército, sobre todo a partir de las declaraciones de los jefes paramilitares desmovilizados.
Vínculos entre el Ejército y los paramilitares
La estrecha colaboración entre sectores del Ejército y grupos de paramilitares está en el mismo génesis de este fenómeno como vimos en el primer capítulo de Desentrañar Colombia. Sólo en este último mes de mayo, once jefes de los paramilitares entregaron una lista de veinte oficiales y suboficiales de la Policía, generales, comandantes y otros rangos del Ejército, así como agentes de la Agencia de seguridad colombiana, llamada DAS, que ayudaban a las autodefensas en los departamentos de Mare y Casanare. Según estos testimonios, les pagaban más de 200 millones de pesos (unos 85.000 euros) al mes a estos miembros de las Fuerzas Públicas para asegurar su complicidad, y no precisamente para combatir a la guerrilla, sino para facilitar el negocio de la cocaína, compra de armas, la extorsión para facilitar la entrega de las tierras por parte de sus propietarios a multinacionales, convirtiéndolos en desplazados, así como la desaparición de guerrilleros, líderes comunitarios, periodistas o defensores de derechos humanos.
Así lo explica el ex paramilitar Manuel Ramírez ‘Mocho’ en el video cuando alude a cómo la comandancia de la policía «a cada rato me llamaba al comando, vea, aquí está esta lista para sacar (matar) gente de aquí del pueblo».
Las reuniones entre altos mandos castrenses y paramilitares están documentadas. Los años de mayor colaboración entre ambos tuvieron lugar entre 1997 y 2002, la llamada etapa de expansión del paramilitarismo, en la que los grupos de extrema derecha se unen bajo la bandera de las Autodefensas Unidas de Colombia, uniendo sus programas con vistas a lograr un espacio para la negociación con el Estado como actor político. Quieren hacerse con las zonas controladas por la guerrilla y donde tienen sus fuentes de financiación gracias al narcotráfico y comienzan contra la población civil, puesto que en gran medida, los enfrentamientos entra estos grupos armados se dan en el seno de las poblaciones. Son los años más sangrantes en número de víctimas civiles. El ejército y la policía se alía en muchos casos con los paramilitares bien sea para conseguir réditos de sus sangrientos combates con la guerrilla o bien movidos por los réditos económicos que les suponían el apoyo a las AUC.
Pese a que se han abierto muchas investigaciones sobre estos hechos, y que la Fiscalía tiene constancia de al menos 120 oficiales del Ejército y una docena de generales implicados en crímenes cometidos con los paramilitares, hasta ahora, los pocos militares juzgados y condenados pertenecían a los rangos medios y bajos. Pero, en noviembre de 2009, el general Jaime Humberto Uscátegui fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de Mapiripán. Durante cinco días, paramilitares de todo el país arrasaron con la población de este municipio del departamento de Mate, mientras el gobierno, la Fiscalía, el Comité de la Cruz Roja y el Ejército eran conscientes de los crímenes. En el lugar de los hechos estaban presentes militares y polícía antinarcóticos colombianos y estadounidenses. Ninguno de estos cuerpos hizo nada. En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia (PDF) por estos crímenes e instó a que se investigasen los hechos y condenase a los responsables. Esta condena histórica por tratarse de la primera vez que la Justicia ordinaria juzga y condena a una alta sanción a un alto oficial por violaciones de derechos humanos, muestra una nueva jurisdicción que está siendo liderada por valientes jueces que a cambio tienen que enfrentarse a amenazas a su vida y a una vida condenada a férreas medidas de seguridad. Una sentencia que según altos mandos del Ejército han sido definidas como parte de la «guerra jurídica» de las Farc, de unas ONG que buscan dinero o de los enemigos del gobierno.
Estos son sólo ejemplos de la connivencia, en algunos casos, y colaboración en muchos otros en la que han trabajado las Fuerzas Públicas y los paramilitares durante las dos últimas décadas.
Los ‘falsos positivos’
A finales de 2008, la comunidad internacional se escandalizó ante las evidencias de que el Ejército llevaba años contabilizando bajas en combate contra las guerrillas que en realidad se trataban de hombres pobres a los que vestían con uniformes y mataban para conseguir méritos en la carrera militar. Se acababan de descubrir los cadáveres de diecinueve civiles de la localidad de Soacha y Ciudad Bolívar aparecidos como bajas en combate en el Norte de Santander. Las madres de Soacha, un grupo de valientes mujeres familiares de estás víctimas, que ha roto la ley del miedo, son en gran medida las responsables de que Estados Unidos y Europa no puedan decir que no lo sabían. Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación tiene documentados casi mil casos vinculados con lo que se han llamado «falsos positivos» y que en Derecho Humanitario Internacional son ejecuciones extrajudiciales. Según las organizaciones de derechos humanos podrían ser muchos más que dos mil.
Todas las declaraciones sobre falsos positivos coinciden en que son jóvenes pobres, a los que suelen ofrecerles trabajo engañados, o a los que invitan a bares o prostíbulos donde los emborrachan hasta hacerles perder casi la conciencia. Y después, cuando ya los tienen aislados, les ponen un uniforme, un arma y los matan.
Uno de estos casos es el que tuvo lugar en el departamento de Meta, donde la Fiscalía calcula que entre 2002 y 2004 el Ejército recibió más de 100 personas vivas que después presentó como muertos en combate. Luis Alex Arango Cárdenas, alias ‘Chatarro’, jefe de uno de los grupos de las AUC que actuaba en la región explicaba recientemente que «los militares le mostraban resultados a sus superiores así, pero además podían bajar la presión sobre nosotros gracias estos supuestos positivos».
Porque estas ejecuciones extrajudiciales pretenden presentar tanto a guerrilleros como a paramilitares caídos en combate. En este segundo caso, suelen ser los propios jefes paramilitares los que ofrecen a los más débiles o a los que quieren castigar de su propio grupo. Como explica el ex paramilitar Manuel Ramírez ‘Mocho’ en el video «Hay una lista de ocho o diez manes (paramilitares) que eran malos o infiltrados, pues cogían a los manes y los amarraban, cogían los fusiles más malos que había, y (los militares) se los llevaban con ellos y hacían un operativo con ellos como ‘que hemos dado de baja a no sé cuántos` y los fusiles que se llevaban los traían pero nuevos».
Como hemos visto, los militares juzgados por colaboración con los paramilitares o por ‘falsos positivos’ son muy pocos y no hay cifras exactas disponibles. Además, el Fuero Militar, que restringe la acción judicial de estos casos a los tribunales militares, ha facilitado que la mayoría de estos casos no hayan sido juzgados. Y ante la reciente sentencia a 30 años de prisión impuesta al coronel Alfonso Plazas Vega, por la desaparición forzada de varias personas en noviembre de 1985, tras la toma del Palacio de Justicia ocupado por la guerrilla M-19, ha abierto una nueva brecha entre los grupos de derechos humanos y el presidente Uribe. Éste último ha expresado una «profunda tristeza» por esta condena y ha declarado que «nosotros vamos a tener que pensar en un proyecto de ley para evitar el desestímulo en las Fuerzas Armadas de Colombia” porque considera que una cosa es la defensa de los derechos humanos y otra el maltrato a las Fuerzas Públicas.