A principios de año el gobierno israelí recomendó a sus militares no viajar a España, Francia, Reino Unido y los países nórdicos porque podrían ser detenidos y juzgados por crímenes de guerra, tal como le sucedió en 1997 al dictador Pinochet. Si la reforma de la Justicia Universal española prospera los culpables de crímenes contra la humanidad podrán seguir paseando su impunidad por el mundo. Contra la propuesta del PP y del PSOE se han alzado más de 100 organizaciones sociales.
La recomendación del gobierno israelí tuvo lugar el 25 de enero, apenas una semana después de que acabase la ofensiva israelí contra Gaza que asesinó 1400 palestinos en poco más de veinte días. Era la respuesta a las denuncias de numerosos organismos internacionales y de defensa de los derechos humanos contra la comisión de crimenes contra la humanidad y que exigían la apertura de procesos judiciales en los tribunales internacionales y nacionales.
El gobierno israelí también anuncia una resolución para regir la protección legal y política de los militares que fuesen denunciados fuera del país por crímenes de guerra.
Cuatro días después, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu acepta a trámite una querella por los ataques israelíes que se produjeron sobre Gaza en el año 2002 y que mataron a 14 personas (un presunto líder de Hamás y el resto civiles), imputando al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer junto a seis militares israelíes.
Inmediatamente, la entonces ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, que en esos momentos encabezaba candidatura en plena campaña electoral israelí, realiza unas declaraciones en la que dice que su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, le ha prometido reformar el sistema judicial para evitar este tipo de acciones. A su vez Moratinos en una entrevista radiofónica reconoce la existencia de la gestión y asegura que se hará lo posible para modificar la normativa española.
– En marzo, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pide a la Fiscalía que le informe de si debe investigar la querella interpuesta contra seis abogados norteamericanos considerados los «responsables jurídicos» de la creación del centro de detención de Guantánamo. Tras la negativa de la Fiscalía, el caso es asumido por el juez Eloy Velasco quien remite una rogatoria a Estados Unidos en la que pide ser informado si ha realizado alguna investigación en relación a la cárcel de Guantánamo. Paralelamente, ante la desclasificación de los documentos elaborados por los asesores de la Administración Bush, en los que se definía el marco legal para que la CIA empleara la asfixia y el ahogamiento simulados y otras prácticas coercitivas en interrogatorios, el presidente Barack Obama prometía que los ejecutores de las torturas no serían juzgados, aunque dejaba la puerta abierta para los responsables políticos.
El 27 de abril, Garzón abre una causa para investigar a los posibles «autores materiales, inductores, cooperadores necesarios y cómplices» de los delitos de torturas cometidos en el centro de detención norteamericano de Guantánamo basándose en la desclasificación de los mencionados documentos en los que «se constata lo que antes se intuía: un plan autorizado y sistemático de tortura y malos tratos sobre personas privadas de libertad sin cargo alguno y sin los elementales derechos de todo detenido», apunta el magistrado en el auto.
La noticia tiene gran impacto en Estados Unidos, se convierte en portada de los principales periódicos, es aplaudida por las organizaciones de derechos humanos y rechazada por numerosos representantes del partido republicano, pero también del demócrata, un sector del cual quiere cerrar este asunto del que estaban al tanto durante el mandato de Bush.
– El 5 de mayo, el juez Santiago Pedraz pide a China que le permita interrogar como imputados a tres ministros y cinco altos cargos de su gobierno por su presunta implicación en la represión que se produjo en Tíbet en marzo de 2008, cuatro meses antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín. La acusación es «crimen contra contra la humanidad por la supuesta causación intencionada de muerte o legiones graves, la desaparición forzada, la detención y privación de libertad «.
Inmediatamente, el gobierno chino advierte a España que sus relaciones se pueden ver afectadas si la querella sigue adelante.
Y el 21 de mayo, todos los partidos políticos españoles, salvo IU-ICV, BNG y ERC, acuerdan aprobar una enmienda antes de que finalice el año por la que los jueces españoles sólo podrán abrir causas referidas a otros países cuando «quede acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad español» y, en todo caso, solamente si un Tribunal Internacional o del país donde ocurrieron los hechos no está llevando a cabo diligencias efectivas.
Y la respuesta de la sociedad civil española tampoco se ha hecho esperar: Más de 100 organizaciones de derechos humanos y profesionales del sector jurídico, y más de 300 personas del ámbito de la Justicia, la Universidad y el Periodismo han hecho público un Manifiesto contrario a la reforma legislativa que introducirá limitaciones al Ejercicio de la Justicia Universal en España. En el cuarto apartado apuntan:
«España, país pionero y referente en el desarrollo y aplicación de este principio, debe sentirse orgullosa de la asunción por sus tribunales de la universalidad de su jurisdicción penal como expresión de su compromiso solidario con el carácter universal de los Derechos Humanos y de la lucha frente a la impunidad de los más graves crímenes, contribuyendo así a la defensa del derecho de sus víctimas a la verdad, la justicia y la reparación».
Hablamos con Manuel Ollé, el presidente de la ONG más antigua de España y principal impulsora del principio de Justicia Universal en España, Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE).
«La pregunta es tenemos una doble justicia, un doble rasero según el país que sea respecto del cual se esté enjuiciando un determinado crimen. O por el contario los Derechos Humanos son como su nombre indica son universales e iguales para todos. Es lamentable que esta reforma haya surgido como consecuencia de estas presiones«.
¿Por qué la Justicia Universal ha tenido tanta implantación en España?
Como explica el presidente de APDHE en el video, pese a que muchos otros países son igualmente firmantes de los distintos Tratados de Derecho Internacional ante los que la Justicia Universal responde en España, han introducido fundamentalmente dos especificaciones que limitan su desarrollo: la exigencia de que el delito tenga relación con el Estado que va a juzgar y la no admisión de la «acción popular», es decir, que cualquier interesado puede presentar una denuncia aunque no le afecte de forma directa y que permite a las organizaciones de derechos humanos sostener una acusación aunque el fiscal se oponga.
El big bang de la Justicia Universal Española surgió con el Auto de detención a Augusto Pinochet dictado por el Juez Baltasar Garzón en 1997. El auto se ampara en numerosos tratados internacionales y señalaba que «los crímenes de esta naturaleza son imprescriptibles, sus responsables no disfrutan de inmunidad diplomática ni pueden obtener estatuto de refugiado ni asilo político, y todos los Estados del Mundo están obligados a perseguirles y a colaborar en la persecución que de tales crímenes hagan otros Estados».
Finalmente, no pudo ser juzgado por genocidio pero la mecha estaba encendida. Era la primera vez que un dictador reconocido internacionalmente veía su impunidad en peligro, el debate dominó los espacios públicos durante todo el proceso y, sin lugar a dudas, se convirtió en un precedente para los delitos posteriores.
En el año 2000, el Tribunal Constitucional ratifica la potestad de la Audiencia Nacional para juzgar el genocidio guatemalteco de los indios maya por el que 200.000 personas fueron desaparecidas en los años ochenta y principios de los noventa denunciado por Rigoberta Menchú. En el siguiente video pueden ver algunos testimonios de mujeres víctimas de aquel conflicto:
En la actualidad hay abiertas trece causas en la Audiencia Nacional. Entre ellas, la muerte del cámara de televisión José Couso durante la invasión de Irak, el supuesto genocidio cometido por el gobierno chino contra la población del Tibet y crímenes de tortura, una querella de supervivientes españoles del Holocausto contra miembros de las SS residentes en EEUU, el supuesto genocidio y torturas y desaparición de cientos de saharauis cometidos por trece altos cargos marroquíes, y el asesinato de seis jesuitas por parte del ejército salvadoreño en 1989, entre otros. La querella de este último caso fue presentada por APDHE e investiga a 14 militares.
Además de las presiones diplomáticas ejercidas por los países con importante influencia económica en España durante los últimos meses, Estados Unidos, Israel y China, los detractores de la Justicia Universal pura ejercida en España sostienen otros dos argumentos: su coste y un ánimo de protagonismo por parte de los jueces que la desarrollan. Sin embargo, los casos derivados de este principio sólo representan el 0.005 % de los casos pendientes en España y en cuanto a la razón que mueve a estos jueces, según las organizaciones de derechos humanos, importantes representantes del mundo jurídico y ellos mismos, sólo están cumpliendo con el papel que la ley establece.
El desarrollo del Principio de la Justicia Universal fue el resultado de la suma de los diferentes tratados y convenios jurídicos internacionales que se han ido elaborando desde la construcción de las Naciones Unidas con el objetivo de regir unas relaciones internacionales en las que el uso de la fuerza se fuese reduciendo a la vez que el marco de protección de las víctimas se reforzaba. La suma de diversos factores (un corpus de organismos de derechos humanos fuertemente implicados en su desarrollo, un marco legal favorable, una generación de jueces formados en el derecho internacional y el vínculo histórico con Latinoamérica, uno de los continentes con mayor índice de crímenes contra la humanidad) ha favorecido la implantación de un principio que ha convertido a España en un referente de la defensa jurídica de los Derechos Humanos y en un foco de esperanza para las víctimas de los grandes crímenes contra la humanidad. Sólo uno de estos casos, el que condenó al ex capitán argentino Adolfo Scilingo, penado por un delito de lesa humanidad durante la dictadura argentina, ha terminado en jucio y condena. Sin embargo, las consecuencias ejemplarizantes así como de visualización de las víctimas, de los victimarios y, sobre todo, de la desaparición de la impunidad conllevan la generación de corrientes de opinión y debate en los propios países donde acontecieron los crímenes desestabilizando los países sometidos a dictaduras y generando debates de opinión en los democráticos que pueden terminar incluso en procesos judiciales en los propios países donde acontecieron.
El consejero jurídico de Human Rights Watch, Reed Brody, lo confirma así: “Yo puedo dar testimonio de la importancia de los casos iniciados aquí en España sobre Guantánamo para el debate en Estados Unidos en torno a las responsabilidades de los arquitectos de la política de maltratos y torturas en la llamada guerra contra el terror”,
Sin embargo, son numerosas las ocasiones en las que estos países argumentan estar investigando estos crímenes para impedir su procesamiento en el exterior, una de las premisas que la reforma propuesta recoge para imposibilitar estos procesamientos. Este ha sido el caso que nos explica a continuación Viviana Waisman, presidenta de Women´s Link Worldwide, una organización internacional dedicada al «avance de los derechos de las mujeres a través de la implementación de los estándares internacionales de derechos humanos y del trabajo estratégico con las cortes, incluyendo el litigio estratégico».
Para escuchar la entrevista pincha sobre el play
[audio:http://blip.tv/file/get/Piravan-EntrevistaAVivianaWaismanDirectoraWomensLinksWordlwidePo269.mp3]Solamente las víctimas que representan los casos investigados en la Justicia Universal en España en estos momentos ascienden a cientos de miles de personas que fueron asesinadas, desaparecidas, violadas y torturadas, entre otras barbaries. Los agresores cuentan con ya con la protección de la inexistencia de una Corte Penal Internacional suficientemente efectiva, con el silencio internacional y con su poder económico, político y social. La reforma de la Justicia Universal sólo desprotegería más a los más desprotegidos.
Reed Brody, el consejero de justicia de Human Rights Watch, define con esta contundencia la situación:
«Si para muchos España está simbolizada por los equipos de fútbol, por Cervantes o por el Prado, para las víctimas y para los defensores de derechos humanos a través del mundo, España se ha convertido en una referencia en la lucha internacional contra la impunidad. Desde el caso Pinochet, España ha sido sinónimo de justicia. No nos decepcionen».
Excelente trabajo. Esto sí que es periodismo de verdad.
Un abrazo.