Fotos: Javier Bauluz
Descuartizamientos y hornos crematorios
Desaparecer a los enemigos de cualquier manera para no dejar rastro. Ésa fue la orden dada a finales de los noventa por los mandos de los grupos de paramilitares colombianos, las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los enemigos de la patria, supuestamente los aliados de las guerrillas que ponían en riesgo los intereses de los terratenientes y de las multinacionales, pero que en la práctica era todo aquel que cuestionara la omnipotencia de estos grupos: pequeños campesinos para arrebatarles las tierras, maestros, sindicalistas, periodistas, defensores de derechos humanos…. Todos ellos han sufrido los embates de los paramilitares y de las guerrillas dando lugar a intervalos de cifras desorbitadas para un país de cuarenta y cinco millones de habitantes y considerado por Europa y Estados Unidos como un ejemplo de democracia para todo el continente latinoamericano: el segundo país con más desplazados internos, más de tres millones, sólo después de Sudán; más de 30.000 desaparecidos según la Fiscalía y las organizaciones sociales, respectivamente; de los asesinados directamente no hay cifras.
Pero según todos los indicios, parece ser que a los paramilitares no les bastaba con los descuartizamientos con hachas o motosierras para sembrar el terror en el resto de la población, así como para facilitar la tarea del enterramiento, como cuenta en el documental el ex paramilitar Manuel Ramírez. Tampoco fue suficiente la excavación de fosas comunes, como la descubierta hace un año junto al cementerio de La Magdalena, a 200 kilómetros de Bogotá, donde se encontraron los restos de más de 1.000 personas asesinadas por los paramilitares y que según uno de los miembros de una delegación británica de sindicalistas y parlamentarios que visitó el país en diciembre de 2009, «desde los crímenes nazi no se tenía constancia de algo así». Ni siquiera aprovechar los ríos como agujero negro donde arrojar los cuerpos bastó para su macabra imaginación, como demuestran los testimonios de decenas de paramilitares.
La existencia de hornos crematorios llevan años presentes en las conversaciones de los departamentos más asediados por el paramilitarismo y de las organizaciones de Derechos Humanos. Pero, fue a partir de la expatriación de 13 jefes paramilitares a Estados Unidos, según el gobierno por haber incumplido el Proceso de Paz al que se sometieron y continuar con el negocio del narcotráfico desde la cárcel, cuando sus declaraciones ante la Justicia estadounidense confirmaron el temor. Salvatore Mancuso, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, el paramilitar más sangriento y poderoso de Colombia, que ha reconocido su participación en más de 300 asesinatos, incluído el de una niña de 22 meses, y que el bloque paramilitar que él comandaba es responsable de más de 5000 asesinatos. El paramilitar con dos carreras universitarias y que aprendió inglés en la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, confesaba ante una sala estadounidense mientras todo el país colombiano le observaba en directo a través de la televisión, cómo en 1999 el que por entonces era máximo mando de las AUC, Carlos Castaño, ordenó a todos los grupos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia la construcción de hornos crematorios para disminuir las pruebas de los cada vez más frecuentes homicidios y masacres. Fue en aquellos años cuando empezaron a descubrirse las primeras fosas comunes. Mancuso añadió que la orden de «desaparecer personas era un favor que Carlos Castaño les estaba haciendo a las autoridades».
La declaración de Mancuso no fue la primera pero sí la más simbólica. Ya unos meses antes, precisamente uno de sus subordinados, Jorge Iván Laverde Zapata, declaró ante la Fiscalía de Medellín, Antioquia, su participación en la incineración de más de 100 personas en un terreno donde después construyó su propia casa.
Desde entonces, las investigaciones en esta línea se han reforzado gracias especialmente al trabajo de varios investigadores de la Unidad Nacional Justicia y Paz. Gracias a las declaraciones de un paramilitar desmovilizado han podido reconstruir el funcionamiento de estos hornos. Parte de la información ha sido publicada por Verdadabierta.com, un proyecto que conjuga la investigación académica y el periodismo «para desvelar la verdad y reconstruir la memoria histórica sobre el conflicto armado colombiano de los últimos años», y que está apoyado por organizaciones internacionales como Open Society Institut o la Agencia de Asuntos Extranjeros de Canadá. «Hay muchos muertos que no se han encontrado porque aquí en Medellín, a las afueras, a una hora, se encontraban unos hornos crematorios. Hubo mucha gente quemada. Yo presencié estos hechos». Según el testimonio de este paramilitar cuya identidad no ha sido publicada para que pueda seguir colaborando en el esclarecimiento de los hechos, entre 1995 y 1997, los paramilitares retenían a sus víctimas, las mataban y muchas de ellas fueron arrojada al río Cauca, en el suroeste del departamento de Antioquia. «Los cuerpos se abrían, se les echaban piedras y se arrojaban al río«. Pero los asesinatos y masacres eran cada vez más numerosos y de ahí la orden del Estado Mayor de la AUC, Carlos Castaño Gil, de los hornos. «De la construcción se encargó Daniel Mejía, era de las AUC y de la Oficina de Envigado (una organización de narcotraficantes, paramilitares y sicarios). Lo estrenaron con un tipo de nombre Alberto, de la Oficina de Envigado. Lo echaron vivo ahí porque se había robado una plata. El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria`, creo que se llamaba Ricardo; dos señoles le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tabapan con grasa humana». El paramilitar sitúa la finca donde estaba ubicado y describe con detalle el horno. «Nos decían que ahí no podíamos fumar. En el horno solo cabía una persona. Los cuerpos eran enganchados al mesón. Cuando subía la temperatura los cuerpos se levantaban. Mucha gente se moría antes de entrar al horno». Según recuerda, en la semana eran incineradas entre diez y veinte personas. «Cuando nosotros llegábamos con las personas, vivas o muertas, tocábamos y nos decían ‘esos insumisos llévelos para el fondo’. Llegábamos adentro, los llevábamos en bolsas para que no botaran sangre. Los desangrábamos. Nos preguntaban ‘¿quién manda eso?’. Alias J y Daniel mandaban mucho». El paramilitar declaró que había participado en los crímenes «A unos los llevé muertos y a otros los llevé vivos. Llevé más de cincuenta muertos y vivos más de quince».
Trabajadores de organizaciones de derechos humanos y periodísticas consultadas por periodismohumano y que prefieren ocultar su identidad por seguridad, nos han confirmado que han mantenido contacto con varios paramilitares que les confesado la existencia de estos hornos. Uno de ellos, cuya conversación tuvo lugar hace cuatro años, antes de que se publicara el anterior testimonio, coincide de hecho con la localización del horno descrito anteriormente. También nos relataron cómo no siempre se quemaban en hornos si no que también al aire libre y públicamente para generar terror entre la población. Éste es el caso del líder indígena Héctor Amalva Aquiles, de la comunidad San Andrés de Sotavento, en el departamento de Zucre. Tras ser asesinado por los paramilitares y enterrado, volvió a ser desenterrado, rociado con gasolina e incendiado.
La abogada Adriana Arboleda, integrante de la reputada organización Corporación Jurídica por la Libertad, dedicada a la defensa de las víctimas de crímenes de lesa humanidad de todos los actores violentos de este país, y experta en la actividad de los paramilitares, explica que «hemos recibido muchos testimonios sobre que hay hornos incluso en el área metropolitana de Medellín. Fue una práctica extendida no sólo en Antioquia, sino también en los departamentos de Santander, Putumayo… Imaginamos que el propósito era borrar huellas de los crímenes de lesa humanidad. ¿Que por qué no han encontrados hornos? Porque no ha habido una voluntad por parte de las instituciones».