En enero de 2010 el Relator especial de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas, James Anaya, hacía público un informe en el que leemos:
Se urge al Estado a invitar al Asesor Especial para la Prevención del Genocidio de las Naciones Unidas para monitorear la situación de las comunidades indígenas que se encuentran amenazadas con el exterminio cultural o físico
El Asesor Especial nunca fue invitado y han tenido que ser los representantes de la propia comunidad indígena los que se han trasladado a Europa para denunciar su extinción.
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), más de 1.400 hombres, mujeres, niños y niñas indígenas fueron víctimas de homicidio a causa del conflicto armado entre 2002 y 2009. Durante este periodo, se registraron, además, más de 4.700 amenazas colectivas contra comunidades indígenas, 90 secuestros y 195 desapariciones forzadas. Según la organización, en 2009 murieron al menos 114 hombres, mujeres, niños y niñas indígenas, y miles fueron desplazados internamente, la mayoría a causa del conflicto.
Según Amnistía Internacional, los responsables de estos abusos raramente son llevados ante la justicia. ‘Los indígenas sufren cada vez más ataques en Colombia. Se les está matando y amenazando, se les está obligando a participar en el conflicto armado y se les está echando de sus tierras. Ya es hora de que el gobierno colombiano asuma seriamente sus obligaciones y actúe de inmediato para proteger a los pueblos indígenas’, señala Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional.
Esta situación ha llevado a la ONIC, que representa a 50 organizaciones de pueblos indígenas y que representa a 1.350.000 habitantes de Colombia, a pedir a la Unión Europea que no firme un Tratado de Libre Comercio (TLC) con este país que según ellos arrasaría con sus territorios, su cultura y su gente.’¿Cómo es posible que La Meca de los derechos humanos negocie con un gobierno violador de los derechos humanos?’ expuso Fernando Arias, secretario general de la ONIC en el Parlamento Europeo, como parte de la campaña que están llevando en numerosos países. De hecho, Colombia lleva años intentando firmar un TLC con Estados Unidos que no se ha materializado gracias a la presión de sindicatos e importantes organizaciones de derechos humanos norteamericanas que exigen a cambio una mejora en el respeto de los derechos básicos en el país sudamericano.
De los 102 pueblos indígenas existentes en Colombia, 62 están en peligro de extinción. «Una tercera parte de los indígenas viven en tierras sobre las que no tienen títulos de propiedad, y eso hace más fácil desplazarlos en implantar proyectos a gran escala» explica Sus Val Olmen, de Amnistía Internacional. De hecho, 34 grupos están a punto de ser desplazados por las políticas de desarrollo que está aplicando el gobierno colombiano.
Durante el conflicto colombiano, la comunidad indígena ha sido víctima de masacres cometidas por las FARC, los paramilitares y el ejército colombiano. Pero, según Arias «la excusa perfecta para atacar a los indígenas es el terrorismo de las FARC, pero en realidad están atacando a la población civil. Bombardean nuestros territorios y luego dicen que fue un error militar. Los dirigentes indígenas son blanco de ataques para aterrorizar a la población local o como represalia a su negativa de involucrarse en la guerra o para conseguir que abandonen la campaña por sus derechos».
Por ello, Juvenal Arrieta de la comunidad indígena Embera, ha pedido a los representantes de la Unión Europea que «antes de firmar el TLC envié una misión que integre a los diferentes partidos que conforman el Parlamento Europeo, para que comprueben in situ la terrible situación de nuestros pueblos». Y añade que «En Colombia, gobernantes y medios de comunicación nos estigmatizan, argumentando que hacemos oposición política y que somos pueblos arcaicos que nos oponemos al desarrollo. No nos oponemos al desarrollo, pero sí a que los proyectos económicos arrasen con nuestra gente. Si quieren tomar nuestra agua, nosotros la compartimos. Pero que no nos maten para quitarnos el agua’.
Según la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos :
- Los homicidios de indígenas en 2009 aumentaron un 64% con respecto al año anterior.
- El 12% de los desplazados colombianos son indígenas, y se enfrentan a situaciones precarias de atención en salud y nutrición, lo que perjudica en especial a las mujeres y los niños.
- El promedio de mujeres muertas por niños nacidos vivos es cinco veces superior al promedio nacional: 386 mujeres por cada cien mil niños.
Dentro de los planes de desecación del área Chocó Pacifico, en la frontera con Panamá, está la de sembrar palma africana para la producción de bio – combustible, lo cual acabará con la flora y fauna natural del entorno creando un desequilibrio en el cual los nativos, que dependen de este, se verán abocados a un desplazamiento obligatorio y como consecuencia a una expropiación preplaneada por las multinacionales extranjeras envueltas en el negocio, siendo parte y socios de estas mismas compañías algunos miembros del actual gobierno, que buscan perpetuarse en él, bajo un terrorismo de estado en donde se ofrece o regala un eterno miedo paranoíco, o casi fobia a la guerrilla, para» vender caro una aparente seguridad democrática», -copia al carbón de la lucha antiterrorista en U.S.A.-, en donde los mismos medios de comunicación del país juegan una aparente neutralidad con un silencio que otorga una amplia sospecha de complicidad. Por ende se escurren dentro de estos programas un embrollo de violaciones constantes a los derechos humanos de la mayor parte de la población de la zona, que son Afrodecendientes, y de rebote lo sufren los nativos o indígenas indefensos también, una extensa minoría de más de cuarenta y cinco millones de Colombianos donde abunda el indice de desempleo y las desapariciones forzadas de quienes se atrevan a hablar a contra del gobierno, mostrándo o divulgando una realidad como la aquí descrita.
Gracias!