Víctimas del franquismo declaran ante un tribunal

De repente, la España invisible normalmente para los medios de comunicación, la de la tercera edad, la que viste de negro cuando está de luto y peina su cabellera blanca en un recogido bajo, apareció en la retransmisión en directo de RTVE del juicio contra Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Era María Martín López, que a sus 81 años por fin podía sentarse ante unos jueces, abogados y fiscales y sacar un hilo de voz para pedir, una vez más, recuperar los restos de su madre. El 21 de septiembre de 1936 en la localidad de Pedro Bernardo (Ávila), cuando ella tenía sólo 6 años, partidarios del bando de los golpistas cogieron a su madre y «la mataron, la echaron a la calle, se la llevaron a declarar a Arenas de San Pedro, pero la dejaron en el camino y mataron a 27 hombres y 3 mujeres», ha explicado María Martín al abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda.

Su padre, que fue encarcelado, intentó exhumar los restos de su madre al salir de prisión pero tuvo que desistir, según cuenta ahora su hija, ante las continuas amenazas: «No vayamos a hacer contigo lo que le hicimos a ella». La mujer ha contado cómo se personó y mandó cartas a numerosas instituciones pidiendo que la ayudaran a desenterrar a su madre, cuyos restos sabe perfectamente dónde están, «pegada al puente, en un ensanche donde luego han echado tres metros de tierra por encima», una fosa común en la que asegura hay cuerpos de cinco represalidados más del régimen.

«Sola por el mundo, completamente», así es como ha definido su lucha durante toda una vida para dar sepultura a los restos de su madre esta representante de la Asociación Nuestra Memoria, de represaliados en la Sierra de Gredos. «Desde el 77 que me encargó mi padre continuar, ‘a ver si consigues llevar a tu madre conmigo».

También ha declarado hoy Pino Sosa, de 75 años, representante de la Asociación por la Memoria Histórica de Araucas de Gran Canaria e hija de un desaparecido por el régimen. A la pregunta de por qué su asociación había recurrido a la Audiencia Nacional, ha respondido: «Acudimos por justicia. Se lo llevaron de casa, los apalearon, los tuvieron presos. (…) Cuando se llevaron a mi padre yo era muy pequeñita. Se nos llevaron el pan y la sal de nuestras casas. Porque mi madre murió enferma, buscaba a mi padre y nunca lo consiguió». Su madre nunca aceptó la declaración oficial de fallecimiento, según cuenta Sosa, porque «como decía ella, se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba«. Cuando el abogado de la acusación particular, ejercida por el colectivo de extrema derecha Manos Limpias, José María Ruiz, le ha preguntado por qué acudieron a la Audiencia Nacional y si otros juzgados le habían informado de que los hechos habían prescrito, Sosa ha respondido que les informaron de que los delitos de lesa humanidad no prescriben y que, vista la tardanza en contestar en el juzgado local, presentaron su caso ante la Audiencia Nacional.

Asimismo, Sosa puntualizó que su declaración no afectaba en nada a la búsqueda de su padre y de los otros 500 desaparecidos que la Asociación de Memoria Histórica de Araucas en Gran Canarias representa, ni a la denuncias y demandas interpuestas ante otras instancias, como en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El último en declarar esta mañana fue el historiador Ángel Rodríguez Gallardo, en representación de Asociación por la Memoria Histórica de Ponteareas (Pontevedra), que explicó que tras años de investigación sobre lo que había ocurrido en esa comarca a partir de 1936, era evidente que había habido «un plan sistemático para eliminar a los responsables del gobierno legítimo de la República» de lo que se derivaba que había habido «actos de genocidio». El historiador explicó que presentaron la denuncia ante la Audiencia Nacional en diciembre de 2006 «porque había muchos crímenes sin resolver, queríamos saber cómo se habían producido las muertes y dónde estaban esas personas (…) y para intentar saber cómo se había producido el proceso final, al que nosotros no podíamos llegar» puesto que siguen sin ponerse a disposición pública los documentos penitenciarios de la Policía y de la Guardia Civil de los años de la dictadura. «Todavía las instituciones del Estado no se han concienciado que deben entregar a la población civil, a los historiadores, el acceso a estos archivos para documentar el proceso represivo». Por eso es fundamental una investigación judicial, explicó. «Somos personas sensibles y hemos viajado, y hemos visto que en otros territorios del mundo se habían producido denuncias por hechos similares y aquí no», añadió.

Está previsto que declaren en total 22 testigos propuestos por la defensa. Veintidós representantes de las víctimas de la dictadura franquista que por primera vez serán escuchados por la administración de la Justicia española, aunque el juzgado sea el juez que recuerda incansablemente que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que no pueden ser amnistiados.