Kirguistán: campaña electoral en un país al borde del conflicto

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La campaña electoral para las próximas elecciones presidenciales del 10 de octubre ha comenzado en Kirguistán. Apenas cuatro meses después de los enfrentamiento interétnicos que acabaron con la vida de entre 400 y 2000 personas, el país se prepara para unas elecciones marcadas por el nacionalismo, la tensión entre las etnias y cientos de miles de víctimas desesperadas ante la inoperancia de la justicia. La presidenta Roza Otunbáyeva ya ha anunciado que si estas elecciones ponen en peligro la «estabilidad y la unidad de la Nación, se proclamará el Estado de emergencia y se suspenderán». Otunbáyeya llegó a la presidencia en abril, tras una violenta revuelta popular que depuso al presidente Kurmanbek Bakíyev, acusado de corrupción y nepotismo, pero que, sobre todo, había generado un gran descontento en la población por la subida del precio de la energía, que provocó un encarecimiento de hasta un 400% de la calefacción en un país en el que se alcanzan los menos 25 grados.  A esto hay que añadir el empobrecimiento ocasionado por la crisis en Rusia desde donde decenas de miles de kirguisos enviaban remesas. La nueva presidenta, de etnia kirguisa, ha tenido que enfrentarse con levantamientos contra la deposición del ex presidente, de etnia uzbeca, y finalmente con el enfrentamiento entre estas dos etnias en  el sur del país en junio. Desde entonces, organizaciones de Derechos Humanos internacionales exigen al Estado que investigue su responsabilidad en estos crímenes. Pero, ¿qué sabemos sobre ese conflicto? Durante aquellas cuatro jornadas de asesinatos a plena luz del día, de barrios enteros destruidos y de cientos de miles de personas huyendo hacia Kurdistán, apenas supimos qué estaba ocurriendo y durante las semanas posteriores el foco informativo dejo de enviarnos siquiera fotos. Ahora, la investigación de Human Rights Watch, que ha entrevistado a más de 200 testigos y analizado documentos fotográficos y en video, recopila qué ocurrió durante aquellos cuatro días en un informe llamado «¿Dónde está la justicia?‘: Violencia interétnica en el sur de Kirguistán y sus secuelas».

El sur del país fuera de control

El 10 de junio se desataba un conflicto en el sur de Kirguistán entre la etnia mayoritaria, la kirguisa, un 55% de la población, y la uzbeka, un 21%. Los informativos de todo el mundo abrían con las imágenes de miles de personas, la gran mayoría uzbekos, que huían del país para refugiarse en Uzbekistán. Las informaciones eran confusas y principalmente centradas en cómo se iba a gestionar un éxodo masivo que podía alcanzar las 400.000 personas – en un país de 5.300.000 personas-, máxime cuando a las pocas horas Uzbekistán decide cerrar sus fronteras.

Según varias organizaciones como HRW o International Crisis Group, la noche del 10 de junio, una pelea entre personas de las dos etnias en el casino de Osh provocó que pocas horas más tarde una multitud de etnia uzbeca se dirigiese a los barrios habitados fundamentalmente por kirguises, atacándoles y quemando sus casas en los barrios de Osh así como en los pueblos de los alrededores.  Desde la mañana del 11 hasta el 14 de junio, las tornas cambiaron y hordas de kirguises atacaron los barrios uzbekos. Las turbas saquearon e incendiarion los comercios y hogares de los uzbekos en Osh, Jalal-Abad, Bazar-Kurgan, y otras ciudades del sur. De hecho, en muchas áreas se quemaron barrios enteros, como se puede ver en las imágenes de satélite.

Según HRW «al menos 371 personas, y posiblemente muchas más fueron asesinadas. Miles de edificios, la mayoría pertenecientes a uzbekos, fueron completamente destruidos. Numerosos testigos de estos barrios arrasados relataron como hombres vestidos de camuflaje en vehículos militares blindados retiraron las barricadas erigidas por los residentes para defenderse, facilitándoles el acceso a las masas a sus vecindarios. Recurrentemente los testigos describieron como los hombres armados  que seguían a los coches militares, disparaban y echaban a los habitantes de las casas, para dejar luego a los asaltantes saquear y quemar sus hogares».

Las autoridades han respondido a estas acusaciones diciendo que los atacantes habían robado armas y vehículos de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, HRW insiste en que según los testimonios y las imágenes estudiadas hubo fuerzas estatales implicadas en los hechos, por lo que exige una investigación que aclare este asunto y lleve ante los tribunales a los responsables. HRW, añade que, según numerosos testimonios, las fuerzas de seguridad realizaron «operaciones de limpieza a gran escala» por las cuales insultaron, golpearon y saquearon los hogares de los uzbekos. «Durante una operación en el pueblo de Nariman, las fuerzas de seguridad hirieron a 39 personas, dos de las cuales murieron». También documenta como en Osh los policías «entraban en los hogares de los uzbekos, sin idenfiticarse o explicar las razones, detenían a personas sin cargos, no decían a sus familiares donde estarían los detenidos, y en algunos casos, golpeaban a los detenidos o colocaban falsas pruebas para implicarles, como cartuchos gastados».

International Crisis Group (ICG) no ha dudado en definir estos hechos como pogromo y tiene claro que no fueron fruto de la espontaneidad. Esta organización subraya que estos hechos demuestran la pérdida del control por parte del gobierno central del sur del país, y añade que «hay importantes indicios de que políticas prominentes, especialmente de la ciudad de Osh, estuvieron implicados activamente y quizás decisivamente. La mayoría de las fuerzas de seguridad de la región, que en Osh responden ante el alcalde, participaron o fueron cómplices de los hechos. El patrón de violencia sugiere una estrategia coordinada. El criterio que guió los saqueos en todos los barrios atacados fue étnico, no económico».

Condenar al vigilante

El gobierno de Kirguistán no ha informado sobre el número de personas encarceladas por los enfrentamientos e insiste en que los hay de las dos etnias. Sin embargo, HRW ya denunciaba que según sus informaciones, la mayoría pertenecía a la etnia uzbeca y que tenía constancia de más de 60 casos de agresiones y torturas en la cárcel. Uno de ellos es Azimzhan Askarov, un defensor de derechos humanos de sesenta años de edad y director de la organización Vozdukh (Aire). Durante los últimos años su trabajo ha sido fundamental para conocer las condiciones de vida de los prisiones en este país así como el trato dado por la policía a los presos. Askarov estuvo grabando los disturbios, y según afirma, vio como los policías no hacían nada por impedirlos. El día 15 de junio fue detenido por «organizar disturbios de masas, incitar a los enfrentamientos étnicos, almacenaje de munición y de literatura extremista y cómplice de secuestro». Las autoridades le negaron su derecho a elegir su abogado. El 20 de junio, después de la intervención de HRW, se le permite reunirse con un abogado de una organización de derechos humanos local. Sin embargo, contradiciendo las promesas hechas por las autoridades a HRW, en ningún momento le dejaron solo con su abogado. Durante una de estas visitas, siempre con policías presentes, Askarov mostró las marcas de agresiones que tenía en su cuerpo.  Askarov había sido encarcelado en la misma estación de policía en la que trabajaba el oficial que había muerto durante los disturbios que él supuestamente había organizado. Durante una vista de la investigadora de HRW un policía le dijo «Tú creerás que es innocente, pero nosotros sabemos que es un trozo de mierda». Según la investigadora, otro policía añadió que Askarov debía ser ejecutado pronto.

Durante todos estos meses, varias organizaciones internacionales de derechos humanos han estado pidiendo su liberación inmediata ante los serios riesgos que corría su vida en esa comisaría. Sin embargo, la indignación se ha acrecentado cuando el pasado viernes 18 de septiembre, se hacía pública la sentencia del primer juicio sobre los enfrentamientos interétnicos. El defensor de derechos humanos era condenado a cadena perpetua y a la confiscación de todos sus bienes. Junto a él, otras cuatro personas eran sentenciadas a esta misma pena, y otras tres personas a veinte y nueve años de prisión. Todos de etnica ukbeka. Amnistía Internacional ha pedido su liberación inmediata y ha definido el juicio como injusto. «Los cargos contra Azimzhan Askarov fueron creados para castigarle por su legítimo trabajo como defensor de derechos humanos y debe ser puesto en libertad inmediatamente», declara Andre Huber, subdirectora del Programa de Amnistía Internacional en Europa y Asia Central.

Unas elecciones marcadas por el nacionalismo étnico

En este ambiente, se preparan unas elecciones presidenciales marcadas por un nacionalismo de corte agresivo, particularmente en Osh. Su alcalde, Melis Myrzakmatov, de etnia kirguisa, ha echado mano de un discurso secesionista, amparado por los medios de comunicación, que le ha convertido en un líder mediático capaz de mantener un pulso directo con el gobierno central. «Las políticas del gobierno no tienen fuerza jurídica en el Sur (…)amo a mi nación -entendida como etnia kirguisa- y trabajaré exclusivamente en función de sus intereses», afirmó el 19 de agosto, el mismo día que el gobierno provisional se reunía con el objetivo de destituirle. No lo hicieron y a su vuelta al sur entre multitudes declaró «pretendían destituirme, trasladaremos la capital a Osh». Según el corresponsal de Al Jazeera en Kirguistán «entre la población uzbeka, muchos piensan que el alcalde de Osh ha participado en los conflictos interétnicos de junio». Como vimos ICG también apunta esta complicidad y añade «que las autoridades de Osh están practicando una política de castigo a la población uzbeka que podría provocar más violencia -algo que según muchos observadores locales e internacionales es precisamente lo que pretenden-. Al mismo tiempo los kirguisos moderados se sienten ofendidos por las acusaciones internacionales que los han descrito como los villanos de la crisis. Y mientras, en las áreas uzbekas de Osh -mayoritariamente secular y de clase media- ya se habla de lo bienvenida que serían las guerrillas yihadistas. Si no se toman medidas inmediatas y exhaustivas dirigidas a curar el daño hecho por los pogromos, el país corre serios riesgos, más tarde o temprano, de sufrir terribles conflictos».

El irresponsable desinterés de la comunidad internacional

Kirguistán tiene fronteras con China, Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán. Esta ex república soviética tiene en su territorio dos bases militares rusas y una estadounidense, y sólo le separan 670 kilómetros de Afganistán. Ya en 1990, con la disolución de la Unión Soviética, los uzbekos intentaron hacerse con la autonomía del sur y unirse a Uzbekistán. Varios cientos de personas murieron. Desde entonces, se cree que esta minoría uzbeca se hizo con el control del narcotráfico procedente de Afganistán así como con el comercio procedente de China en Osh, la segunda ciudad más importante del país. Sin embargo, con la caída del presidente Bakíyev, esta población temió perder sus privilegios. Según ICG «si el sur permanece fuera del control del gobierno central, hay fuertes riesgos de que el narcotráfico aumente y que la región se convierta en una ambiente proclive para las guerrillas islamistas».

Durante los enfrentamientos, tanto Rusia como Estados Unidos no mostraron gran interés. El Consejo de Seguridad fue muy laxo en sus declaraciones y finalmente, la encargada de enviar una misión internacional fue la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, que  está presidida Nursultan Nazarbayev, de Kazajstán, un país vecino de Kirguistán que ha mostrado su desdén por el nuevo gobierno kirguiso. Finalmente, envió 52 asesores policiales para ayudar al gobierno a reducir la tensión entre las etnias. Varios políticos han pedido ya su marcha por el rechazo de la población a una intervención internacional.